Milei autoriza detenciones y espionaje sin juez: ¿qué derechos se ven afectados?

El 19 de junio de 2025, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 383/2025, que reforma la Policía Federal Argentina (PFA) y le otorga facultades para detener personas hasta por diez horas sin orden judicial y realizar actividades de espionaje en espacios públicos y digitales. Esta medida, adoptada sin debate parlamentario, busca “modernizar” la fuerza siguiendo modelos extranjeros, pero despierta serias dudas sobre su constitucionalidad.

📋 ¿Qué establece el decreto?

• Detenciones provisionales: la PFA puede retener a cualquier persona hasta 10 horas si existe “sospecha fundada” de cometer un delito y no acredita identidad.

• Requisas y espionaje: se habilitan requisas en vía pública, inspección de vehículos y ciberpatrullaje en redes sociales abiertas sin autorización judicial.

• Creación del DFI: nace el Departamento Federal de Investigaciones, inspirado en el FBI, para centralizar la investigación de delitos complejos.

⚠️ Críticas y riesgos constitucionales

Organizaciones de derechos humanos advierten que la reforma viola el principio de legalidad penal y el derecho al habeas corpus, al impedir el control independiente de detenciones y registrar ciudadanos en espacios digitales sin aval judicial. Temen un uso discrecional contra manifestantes y opositores.

🛡️ Derechos vulnerados

1. Libertad personal: sin garantía de juez, se restringe la protección contra arrestos arbitrarios.

2. Privacidad: el espionaje digital masivo pone en riesgo datos y comunicaciones.

3. Libertad de expresión y reunión: el patrullaje de redes puede disuadir la protesta social.

📌 ¿Cómo impugnar esta medida?

• Acciones de amparo ante la Justicia Federal.

• Recursos de inconstitucionalidad si se prueba la falta de competencia del Ejecutivo.

• Denuncias internacionales ante la OEA o la ONU por violación de derechos humanos.

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